Sostienen
bastantes jueces con los que he tenido ocasión de hablar que todas las reformas
que pretende llevar a cabo el ministro de justicia obedecen a un único objetivo:
acabar con la independencia judicial.
Sostienen
estos jueces que el plan del ministro para acabar con la independencia judicial
se apoya en tres pilares fundamentales: El primero controlar al Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) mediante el sistema de elección de sus componentes, el
segundo controlar la instrucción de las causas a través del Ministerio Fiscal
aprovechando el principio de jerarquía y el tercero controlar a los jueces a
través de la oportuna creación y regulación de los tribunales de instancia. Si
consiguiera estos tres objetivos, afirman estos jueces, el control del gobierno
sobre el sistema judicial sería absoluto y esto, eventualmente, sería el
salvoconducto perfecto para la impunidad de muchos de los delitos que llenan las
primeras planas de nuestros periódicos.
Tales
afirmaciones, recurrentes en las esperas de los juicios y en las salas de togas,
son tan graves que cuesta dar crédito a las mismas y sin embargo...
Sin
embargo, el ministro de justicia, contraviniendo
lo expresamente prometido por su partido en su programa electoral, ya ha
establecido un sistema de elección de los miembros del CGPJ que deja en manos de
las mayorías parlamentarias (la suya en este caso) la elección de sus miembros,
lo que, de ser cierta la tesis de estos jueces, supondría que ha cubierto su
primer objetivo.
El
segundo objetivo sería controlar la instrucción de las causas por medio de los
fiscales y basta con leer su propuesta de Ley Procesal Penal para advertir,
desde el mismo preámbulo, que es su voluntad entregar la instrucción de la causa
a los fiscales sin rebajar ni un ápice la subordinación jerárquica a que están
sometidos. Dice el preámbulo:
Los
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica se esgrimen como
argumentos contra la reforma, lo cierto es que precisamente los expresados
principios constitucionales permiten la aplicación de criterios coherentes y el
seguimiento de prácticas uniformes
Es
decir, que los fiscales seguirán sometidos al principio de jerarquía y que eso
no lo piensa cambiar el ministro. Le viene bien.
Para
pensar que el principio de jerarquía que gobierna al ministerio fiscal no
quiebra la independencia judicial sería preciso creer primero que el Fiscal
General del Estado no se ve mediatizado por el Gobierno; pero, lamentablemente,
para creer esto último es preciso no haber vivido en España los últimos cuarenta
años.
Me
basta citar el nombre de algunos de los que han sido designados Fiscales
Generales del Estado para que en cuanto mencione a alguno de ellos, por ejemplo,
Eligio Hernández, Carlos Granados, Luís Burón Barba, Leopoldo Torres
Boursault, Juan Ortiz Úrculo o Jesús Cardenal
ustedes los asocien inmediatamente a procesos penales en que directa o
indirectamente estaba interesado el gobierno de turno y donde su actuación dio
lugar a no pocas controversias. Ha habido de todo entre estos nombres: Desde los
elegidos por el gobierno sin atender a los requisitos mínimos del cargo a
aquellos que hubieron de dimitir por resistirse a las presiones que sufrían del
propio Gobierno. Los nombres de estas personas les evocarán inmediatamente
también casos como Sogecable, Banca Catalana, Galindo y muchos otros
más.
A día
de hoy nadie sensato cree que el Fiscal General del Estado no reciba presiones
del gobierno que le nombró, al igual que nadie sensato espera que el gobierno
nombre como fiscal general a alguien que no sea afín a las ideas del gobierno de
turno o demuestre un cierto grado de lealtad a las mismas. El principio de
jerarquía hace el resto y por eso el ministro quiere ahora entregar la
instrucción a los fiscales sin rebajar un ápice la eficacia de dicho
principio.
Así
pues, de salir adelante esta ley, el ministro habría asegurado dos de sus tres
objetivos y sólo le restaría por conseguir el tercero: La creación de unos
tribunales de instancia debidamente controlados. A tal fin ya ha preparado una
demencial reforma de la ley de planta que pretende llevar adelante con todo el
vigor de su provinciofrénica
visión de España; y dice que quiere hacerlo antes del mes de
diciembre.
No sé
si alguien tiene a estas alturas dudas de cuáles son las intenciones del
ministro. La única duda que me cabe es otra más inquietante: ¿Alguien piensa
hacer algo?
Blog de José Muelas
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