El Ministerio de Justicia se plantea retrasar hasta la próxima primavera la redacción definitiva de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, basándose en dos argumentos fundamentales. Por una parte, el ejecutivo quiere dedicar todos los esfuerzos de la cartera de Ruiz Gallardón a la aprobación final del nuevo Código Penal, cuyo endurecimiento fue uno de los grandes pilares del programa electoral del Partido Popular. En segundo lugar y de paso, se podría aprovechar la circunstancia para enfriar las contundentes reacciones que han surgido en torno al proyecto, especialmente en Castilla y León donde se contempla también trasvasar la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a Valladolid, desde su actual emplazamiento en Burgos.
La Ley de Planta y Demarcación contempla la supresión de cinco de los actuales siete partidos judiciales y reduciría la provincia entera a solo dos: León y Ponferrada. En la mayoría de las provincias del país, el proyecto contempla la reducción a un sólo partido único de todo el territorio provincial, eso sí, con excepciones. Paralelamente, incluye la supresión de las Audiencias Provinciales para convertir juzgados y audiencias en un solo ente, denominado Tribunal de Instancia.
Los presidentes de las Audiencias Provinciales se reunieron en Santander antes del verano para mostrar su oposición a la reforma. Consideran viable la creación de los Tribunales de Instancia pero se oponen a la eliminación de las audiencias y así lo firmaron en una carta que remitieron al ministro.
Contradicciones
La postura del Gobierno, no obstante, aporta una contradicción. La totalidad de los estamentos del Ejecutivo se ha volcado desde mayo en la defensa de la tesis de que la reestructuración no supondrá el cierre de ningún juzgado... pero nadie ha explicado qué se va a hacer con ellos. «Pensar que, en estos momentos, se puede prescindir de un solo juzgado en España, de una sola Administración que esté en una cabeza de partido o en cualquier población española, es un inmenso error que entra en contraposición flagrante con la situación de dificultad económica que tenemos», expresó Gallardón en sede parlamentaria.
Aunque la propuesta de los expertos sugiere la creación de tribunales de instancia en sede provincial los partidos judiciales «continuarán operando exactamente igual» aunque se puedan sopesar criterios de especialización o racionalización.
Sea cual fuere la determinación final, el borrador debe convertirse en un texto definitivo que deberá pasar por el Congreso de los Diputados. Sólo este trámite puede exigir ya buena parte del ejercicio del 2014. Superados todos los escollos políticos que pudiesen surgir, minimizados por la mayoría que sustenta al partido del Gobierno, habría de aplicarse también la vacatio legis, un paréntesis previo a su entrada en vigor que se concede por motivos de publicidad, ante la necesidad de que las personas a quienes se va a aplicar la norma deban primero estudiarla, o bien por la necesidad de un plazo para emitir otras normas accesorias, como por ejemplo el reglamento de desarrollo e incluso por motivos técnicos, para preparar su correcta aplicación. En el caso de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, la vacatio legis se establece en un periodo de seis meses, según se especifica en el texto actual.
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